El pasado miércoles 25 de noviembre Paula Parra fue agredida con una pistola Tasser por los mossos en la puerta del CAP Creu de Barberà. La situación se produjo al no permitírsele acceder de nuevo al centro médico. Los hechos han sido descritos por la propia Paula en una entrevista.
En vez de ser respondidas sus necesidades de atención y acompañamiento, recibió un trato discriminatorio, agresivo, inhumano y degradante. La expresión de su malestar recibió como respuesta una llamada a los mossos por parte del CAP. Quienes, al llegar, en vez de intentar desescalar la situación, procedieron a dispararle varias descargas eléctricas, incluso una vez reducida. Los hechos han quedado grabados en vídeo. Además, a pesar de tratarse de una crisis de salud mental, Paula pasó una noche en el calabozo, acusada de agresión a la autoridad y de daños materiales en el ambulatorio. Posteriormente, la llevaron al hospital, donde la anestesiaron para sacarle las espinas. Esta información ha sido omitida del informe médico.
Estos hechos han tenido mucha difusión y Paula ha recibido apoyo por parte de diversas asociaciones y federaciones de salud mental, y de entidades de defensa de derechos humanos. Aun así, el CAP Creu de Barberà ha optado por denunciarla, completando el Círculo de la Violencia.
El prejuicio de la peligrosidad que nos representa a las personas con un diagnóstico de trastorno mental como violentas, agresivas, impredecibles y monstruosas suele ser el argumento que perpetúa y justifica este tipo de intervenciones desproporcionadas, que vulneran los derechos humanos.
En estos hechos, no sólo han actuado mal los mossos, sino que toda la respuesta recibida ha sido inapropiada y desproporcionada. En primer lugar, las pistolas de descargas eléctricas no deberían utilizarse. ¿Bajo qué argumento se piensan como una herramienta para abordar situaciones de crisis psicosocial?
La respuesta del sistema al malestar, las crisis, los brotes y otras situaciones de sufrimiento intenso muy a menudo agrava la situación. Nuestro sistema de salud mental está fundamentado en la vulneración estructural y sistemática de Derechos Humanos: la involuntariedad, la coerción, la desinformación y la sustitución de la capacidad jurídica son transversales a todos los dispositivos psiquiátricos. Más allá de las pistolas Tasser, es muy habitual sufrir ingresos involuntarios, medicación forzosa, sobremedicación, contención mecánica, contención química y muchas otras formas de violencia más o menos explícitas o sutiles.
Estas actuaciones no son sólo un problema moral, sino también un problema sanitario. Las personas con crisis de salud mental tenemos miedo de pedir ayuda por la violencia recibida o percibida por parte del sistema sanitario.
Encima, esta agresión sucede un 25 de noviembre, día de reivindicación contra la violencia hacia las mujeres. Recordemos que tanto la policía y la institución psiquiátrica reproducen y son parte del sistema patriarcal, y viceversa.
Estas intervenciones, desde el año 2006, están tipificadas como tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). El Estado español firmó y ratificó la CDPD en 2008 y está comprometido a ajustar su marco jurídico a la Convención. Esto supone derogar todas las leyes y protocolos que posibilitan las intervenciones forzosas, involuntarias o sin el consentimiento de las personas.
Para acabar con la violencia del sistema psiquiátrico es necesario abordar las actuaciones en salud mental desde una óptica colaborativa, empática y humana poniendo en el centro la dignidad de las personas y el apoyo mutuo. Se pueden tomar como modelo para diseñar las políticas públicas otras experiencias que ya se implementan incluso en nuestro contexto, como las casas de crisis, el diálogo abierto y otras intervenciones no basadas en la coerción.
Reivindicamos la defensa de los derechos humanos y rechazamos la violencia institucional en todas sus formas.
