Las personas con discapacidad tenemos más dificultades a la hora de encontrar un empleo respecto a las personas que no sufren una discapacidad. Por ello, el Estado ha creado mecanismos para que estas personas podamos llegar a acceder a un empleo remunerado y estable. Hace años que existe una ley según la cual todas las empresas con más de 50 trabajadores deben reservar el 2% de sus puestos de trabajo a las personas con discapacidad. A día de hoy muchas empresas no la cumplen directamente, sino que se acogen a una serie de excepciones y, en lugar de emplear ellas mismas a las personas con discapacidad, recurren a centros de trabajo protegido, en los que como mínimo el 70% de sus plantillas están compuestas de trabajadores con discapacidad.
Personalmente, por varios motivos, estoy en contra de dichos centros de trabajo protegidos, pues al constar la mayoría de sus plantillas con personas con discapacidad, creo que no cumplen la función de insertar en la vida laboral normal a los trabajadores con discapacidad. Pienso que lo que se crea con una medida así son una especie de guetos laborales, en los que las personas legalmente discapacitadas se encuentran apartadas laboralmente del mercado ordinario, donde trabajan personas sin discapacidad. Además, las personas con discapacidad que trabajan en esos centros de trabajo suelen cobrar el salario mínimo interprofesional, independientemente del tipo de trabajo que realicen.
Yo lo que veo y pienso, aunque pueda ser que equivocadamente, es que quienes de verdad son favorecidos por la actual legislación laboral sobre personas con discapacidad no son éstas, sino los empresarios. En la mayoría de trabajos protegidos a las personas con discapacidad se les paga el sueldo mínimo por realizar trabajos que al resto de trabajadores se les suelen pagar más, con lo que los empresarios se ahorran dinero. ¿Qué ventajas obtienen los trabajadores legalmente discapacitados si encima cuando se jubilen, al cobrar el salario mínimo, también cobrarán pensiones mínimas? ¡A mí que me lo expliquen!; sobre todo, ¡que lo haga el gobierno!
Lo que creo que debería hacer el gobierno es obligar a todas las empresas de más de 50 trabajadores a incorporar en sus plantillas el 2% de su total a personas con discapacidad, eliminar todas las subvenciones a las empresas protegidas y que sus trabajadores sean colocados obligatoriamente en empresas de su sector que cuenten con más de 50 trabajadores. Para ello, se tiene que eliminar definitivamente cualquier tipo de excepción por parte de estas empresas para incorporar en su plantilla a personas con discapacidad. Esto evitaría, precisamente, crear guetos laborales, como a mi modo de ver lo son actualmente las empresas protegidas, y daría la oportunidad a las personas legalmente consideradas discapacitadas a acceder a salarios más acordes con el trabajo que desempeñen.
Según lo que yo pienso, lo que tiene que hacer el gobierno es imponer sanciones de, por ejemplo, el 5% de su facturación anual a las empresas de más de 50 trabajadores que no incorporen a sus plantillas personas con discapacidad. Si el gobierno no hace algo así, o no pone los suficientes inspectores para comprobar que dicha ley se cumple, y continúa con la actual política, pienso que se estaría perpetuando una situación que, desde mi punto de vista, considero injusta y discriminatoria. A mi modo de ver, y ahora que vienen las elecciones, las personas con discapacidad y sus organizaciones o asociaciones, etc., deben recomendar no votar a los partidos que no cambien la actual situación. Y si llega al gobierno un partido que ha prometido cambiarla y no lo hace, lo más consecuente es no volver a votarlo nunca más. Si las personas con discapacidad no se unen para luchar por cosas como ésta, creo que su situación tardará mucho en mejorar. Por lo menos, es lo que yo pienso.
Ernesto García
