Il·lustració © Sergi Balfegó

Ilustración © Sergi Balfegó

Voy a hablar de discapacidad y pensiones, mirándolas desde la óptica del derecho o no que tenemos las personas que sufrimos una discapacidad por motivos de salud mental a tener una pensión contributiva o, en muchos casos, a que esta sea superior a la que percibimos actualmente. Para ello voy a exponer casos reales que conozco.

En primer lugar conozco a una mujer que después de haber cotizado 11 años a la Seguridad Social, la ley no le da derecho a percibir una pensión contributiva. ¿Cómo puede ser que personas que han cotizado durante varios años, incluso más de 10 años, a la Seguridad Social no tengan derecho a una pensión contributiva? Porque según la ley, dependiendo de la edad que tengas, necesitas más o menos años cotizados. Y si no llegas a ese mínimo, aunque te falte un mes, no puedes cobrar una pensión contributiva.

En el caso de la salud mental, el 50% de veces la aparición de esta enfermedad se produce antes de los 18 años y el 80% de las personas enfermamos antes de los 30 años. Además, actualmente mucha gente estudia hasta casi los 30 años. Pero incluso luego, la gran mayoría de los jóvenes que quieren trabajar no pueden hacerlo o tienen contratos laborales precarios. Entonces, ¿cómo pueden estas personas llegar en su vida a disfrutar de una pensión medianamente decente si por irrupción de la enfermedad y por cuestiones sociales no pueden cotizar?

Pero cobrar una pensión contributiva tampoco es una garantía de vida digna. Muchas personas discapacitadas perciben pensiones contributivas muy bajas. Otra amiga mía, después de haber cotizado los años exigidos, le han otorgado una pensión contributiva de carácter absoluto tan pequeña que, incluso percibiendo complementos a mínimos, la ley le permite trabajar media jornada por un sueldo mínimo para completar la pensión. El caso es cuando no puede trabajar porque ha recaído de su enfermedad.

Creo que algo propio de un Estado, mínimamente justo y democrático, debería ser que cualquier persona que se encuentre discapacitada tenga derecho a una pensión que sea, por lo menos, igual al salario mínimo interprofesional. Haya o no haya cotizado a la Seguridad Social.

Parece ser que el umbral que determina el índice de pobreza en España es el salario mínimo interprofesional. Pero en nuestro país las pensiones no contributivas (para quienes no cotizaron los años suficientes) son de cuantías que rondan la mitad del salario mínimo interprofesional. Muchas personas discapacitadas, tanto del ámbito de la salud mental como pertenecientes a otro tipo de discapacidades, se encuentran en esta situación.

Pienso que una persona que tiene ya la desgracia de sufrir una discapacidad que la priva de ser laboralmente productiva debería, como mínimo, percibir una pensión que se encuentre por encima del umbral de pobreza, equiparable al salario mínimo. Ya es suficiente castigo que una persona se encuentre incapacitada y que debido a esto se le hayan agotado todas las perspectivas laborales para el resto de su vida.

Escribo estas líneas para intentar concienciar a la sociedad sobre este problema. Cualquier persona mañana puede ser discapacitada. Necesitamos luchar por nuestros derechos y deberíamos unirnos todas las asociaciones de personas con discapacidad.

Ernesto García

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