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España ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad


Del 16 al 20 de marzo, la Coalición ActivaMent-Hierbabuena estuvimos en la ONU, para reunirnos con el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Un viaje que nos sirvió para exponerles cuál es la situación de vulneración sistemática y estructural de Derechos Humanos que sufrimos las personas con discapacidad psicosocial (sufrimiento psíquico, diversidad mental, diagnóstico de trastorno mental) en España.

En la ciudad de Ginebra, nos reunimos personalmente con:

• Rosemary Kayess (Australia), vicepresidenta del CDPD
• Jonas Ruskus (Lituania), vicepresidente del CDPD.
• Miyeon Kim (Corea del Sur), miembro del CDPD, área de mujeres con discapacidad.
• Amalia Eva Gamio Ríos (México), miembro del CDPD.
• Risnawati Utami (Indonesia), miembro del CDPD.
• Victoria Lee, Asesora en Discapacidad de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
• Marco Zanin (Italia), Asesor en Discapacidad de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Entre otras cuestiones, explicamos que:

• Las organizaciones de personas con discapacidad psicosocial estamos subrepresentadas o excluidas en los espacios de representación política  nacionales y regionales, y a menudo las organizaciones de familiares dicen representarnos y ocupan los pocos espacios reservados para nosotras (vulneraciones de los artículos 1 y 4).
• Los medios de comunicación españoles, incluidos los estatales, difunden imágenes discriminatorias de nuestro colectivo. El Estado no cumple su compromiso de financiar campañas contra el estigma y este vacío lo cubre la industria farmacéutica difundiendo publicidad encubierta de sus drogas disfrazada de campaña antiestigma (vulneraciones de los artículos 5 y 8).
• La legislación española permite la esterilización forzosa y el aborto coercitivo. En los servicios de salud mental, la violencia de género a menudo pasa desapercibida, y es invisibilizada y medicalizada mediante un diagnóstico de “trastorno mental” sobre la mujer (vulneraciones del artículo 6).
• La legislación española sigue anclada en el enfoque paternalista y biomédico del “interés superior”, perpetuando la sustitución de la capacidad jurídica en la toma de decisiones, la involuntariedad y la coerción (vulneraciones del artículo 12).
• El Estado justifica y normaliza el uso de la violencia por motivos de discapacidad psicosocial, aplicándonos sistemáticamente “tratamientos” forzosos basados en la restricción de la libertad, la coerción, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, tales como: los ingresos involuntarios, la contención mecánica, la medicación forzosa, el aislamiento y la reclusión, la sobremedicación y el electroshock (vulneraciones de los artículos 14, 15, 17 y 25).
• El Estado incumple sistemáticamente su compromiso de garantizar la vida independiente de las personas adultas con discapacidad psicosocial, delegando la responsabilidad a las familias y/o institucionalizando seleccionados (vulneraciones del artículo 19).
• El Estado incumple sistemáticamente su compromiso de garantizar el acceso al trabajo digno para las personas con discapacidad psicosocial. No se fiscaliza ni penaliza el incumplimiento de la ley por parte de las empresas o la propia administración (vulneraciones del artículo 27).

Aquí puedes leer o descargar el documento que entregamos y presentamos, con el Informe Alternativo del Reino de España para la 21ª Sesión del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad específico sobre el Colectivo en Primera Persona; personas exusuarias, usuarias y supervivientes de la psiquiatría (Discapacidad Psicosocial)..

Resumen de la sesión:

La 21ª Sesión del Comité se desarrolló los días 18 y 19 de marzo. En representación de la Coalición ActivaMent – Hierbabuena fue un equipo conformado por nuestras compañeras Beatriz Pérez y Hernán Sampietro, quienes contaron con el asesoramiento jurídico de Tina Minkowitz y Antonio Luís Martínez-Pujalte.

Por la mañana del lunes 18 de marzo, Silvia Quan, representante de la International Disability Alliance, nos hizo de anfitriona a las diferentes entidades de la sociedad civil de España que fuimos a presentar los Informes Alternativos, con denuncias y reclamaciones de diferentes colectivos de personas con discapacidad. Las entidades que participamos somos:

Al mediodía, las distintas entidades de la Sociedad Civil tuvimos nuestro espacio de enunciación con el Comité. Nuestra compañera Beatriz Pérez leyó ante el Comité, las otras entidades presentes y las observadoras de organizaciones internacionales de Derechos Humanos, nuestro discurso en representación de la Coalición. Éste incluye un resumen de las principales vulneraciones de DDHH que denunciamos y las reivindicaciones que reclamamos desde el colectivo de personas con discapacidad psicosocial en España. Aquí puedes leer nuestro discurso. Al terminar los discursos de las distintas organizaciones civiles, el Comité nos hizo preguntas y respondimos conjuntamente.

Por la tarde del lunes 18 y durante la mañana y mediodía del martes 19, era el turno del Gobierno de España, con una representación que estuvo encabezada por María Luisa Carcedo Roces, Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y Juan Manuel Fernández Martínez, miembro del Consejo General del Poder Judicial.

Los temas que ocuparon más tiempo fueron:
• La educación inclusiva (dado que estaba presente el Lobby que quiere perpetuar la educación segregada).
• La necesidad de incluir la perspectiva de género a las políticas de discapacidad (para revertir la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad).
• La sistemática vulneración de los DDHH que sufrimos las personas con discapacidad psicosocial (trastorno mental) en España.

A destacar negativamente la afirmación de la ministra Carcedo de que: «No todas las personas con trastorno mental tienen una discapacidad, como no todas las personas con discapacidad tienen un trastorno mental«, utilizada como argumento para negarnos la protección de la Convención y justificar los ingresos involuntarios, provocando la indignación de los veedores internacionales (por ejemplo, Human Rights Watch) y del propio Comité. Evidenciando que desconoce la definición de Persona con Discapacidad Psicosocial de la CDPD.

En el mismo sentido, destacamos la justificación hecha por Juan Manuel Fernández Martínez de las esterilizaciones forzosas a mujeres con discapacidad, amparándose en el marco legal español que las permite. Tema que provocó que Jonas Ruskus, vicepresidente de la CDPD, tuviera que preguntar al Gobierno si podían explicar dónde quedaban los tratados de DDHH internacionales ratificados por el Estado, dentro del marco jurídico estatal (a ver si sabían que están por encima de todas las leyes nacionales, excepto la Constitución).

Habría que hacer otro escrito, mucho más extenso, para recopilar y explicar la cantidad de afirmaciones falsas (como que han sido las propias entidades de personas con discapacidades las que han pedido las esterilizaciones forzosas) y las confusiones (por ejemplo, entre discapacidad psicosocial e intelectual, al hablar de incentivación a la contratación) que ha habido en los discursos de los representantes del gobierno. Recomendamos mirar los vídeos de ambos días de las sesiones:

Al terminar la 21ª Sesión de la CDPD, invitadas por Tina Minkowitz, aprovechamos para visitar la Organización Mundial de la Salud y reunirnos personalmente con devora Kestel, directora del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la OMS, y con Michelle Funk, Coordinadora de las políticas de salud mental y desarrollo de servicios de la OMS. Hablamos de la promoción de políticas de salud mental basadas en el respeto de los DDHH y orientadas desde el modelo de recuperación.

¿Y ahora qué?

En las próximas semanas, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entregará públicamente el Examen de los informes presentados por los Estados partes, un documento con las Observaciones Finales, que incluye las Principales Preocupaciones y Recomendaciones, instando a España a derogar, modificar o promulgar nuevas leyes para que el marco legal estatal cumpla con la Convención. Aquí puede leerse el Examen que la CDPD entregó a la anterior comparecencia de España en 2011.

Estos requerimientos, por ejemplo, han permitido recientemente que las personas con incapacitaciones legales en España hayamos recuperado el Derecho a voto.

Esperamos que el nuevo examen incluya las demandas que hemos llevado desde la sociedad civil y haga inciso en la situación actual de vulneración sistemática y estructural de DDHH que vivimos el colectivo de personas con discapacidad psicosocial.


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